Zapatero se extralimitó al indultar a Sáenz, según el Supremo.

Hace un par de semanas se filtró que el Tribunal Supremo anulaba parcialmente el indulto otorgado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz. Hoy se ha conocido la sentencia en la que el tribunal habla de una "clara extralimitación".

El poder de indulto a Sáenz tenía que limitarse a las consecuencias penales de la condena, según la sentencia hecha pública. De esta manera el Gobierno no podría cancelar todos los efectos de las misma incluido el efecto sobre su honorabilidad, una característica necesaria para poder seguir ejerciendo como banquero.

"Llevar más allá la extensión de la gracia no solo contraviene la ley sino la propia Constitución", señala el escrito. Los nueve jueces entienden que se pueden cambiar los requisitos de la honorabilidad, pero "no puede excepcionar, para personas concretas, un mandato general contenido en una norma reglamentaria, pues el Gobierno está también obligado a respetar las normas".
Ahora quién debe decidir si el banquero puede seguir ejerciendo su labor es el Banco de España, que deberá estudiar la honorabilidad de Sáenz. Así lo ha advertido el ministerio de Economía, que ha recordado que el Real decreto por el que se modifican los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito ha sido remitido al Consejo de Estado y se prevé que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros el mes que viene.

El fraude fiscal alcanza en España el 6% del PIB, según el CES.

Así se desprende del Informe sobre distribución de la renta en España recientemente aprobado por unanimidad de todos los grupos (empresarios, sindicatos, sociedad civil) presentes en el CES. El organismo indica que el fraude fiscal supone un "lastre" para el sistema español, tanto por el lado de la suficiencia, por el importante volumen de recursos que la Hacienda española deja de recaudar, como por el lado de la equidad, dado que el fraude se concentra en las rentas que no están sujetas a retención.

El CES apunta que la enorme diferencia entre la renta media que se viene declarando en el IRPF por trabajo (menos de 25.000 euros al año) y por actividades económicas (menos de 10.000 euros anuales) se explicaría, al menos en parte, por la importancia del fenómeno de "infradeclaración u ocultación de rentas" ligadas a la economía sumergida.

Para el organismo, el fraude fiscal tiene "fuertes efectos distorsionadores" de la equidad, la progresividad y la distribución de la riqueza ya que, cuanto mayor sea la cantidad defraudada, mayor será la carga fiscal para el resto de contribuyentes. También es contrario, añade, a la equitativa distribución de la renta porque se concentra en las fuentes de mayor riqueza.

El informe destaca que, hasta mediados de los 90, el sistema tributario español ha venido siendo más o menos proporcional o ligeramente progresivo, pero a partir de entonces, en línea con lo observado en otros países del entorno, se han acometido una serie de reformas en la imposición directa que han limitado el potencial recaudatorio del sistema tributario y su capacidad redistributiva.

Menos recaudación y más inequidad.

Todavía hay 9.000 funcionarios liberados en las CCAA.

El pasado 11 de julio, Mariano Rajoy presentó en el Congreso una gran batería de ajustes. Pese a que el protagonismo se lo llevó la subida del IVA, el paquete incluía también un plan para eliminar alrededor de 6.000 liberados sindicales en la Administración, de los cuales aproximadamente un tercio correría a cuenta del Estado central y el resto, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En noviembre, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los sindicatos para rebajar la cifra estatal de 1.260 a 400. Sin embargo, los gobernantes autonómicos llevan desde finales de 2011 (cuando estalló la polémica en torno a estos representantes sindicales) inmersos en un proceso de reducción más lento, farragoso y desigual.

Según los datos recopilados por EXPANSIÓN, a lo largo del último año y medio las comunidades autónomas han eliminado en conjunto a 3.842 funcionarios que se dedicaban íntegramente a tareas sindicales. Se trata, por lo tanto, de una reducción del 30% respecto a los 12.815 liberados que había en las diecisiete Administraciones autonómicas antes de los ajustes. O, dicho de otra manera, que las comunidades aún mantienen en sus estructuras a 8.973, un número muy superior a los límites que marca el Estatuto Básico del Empleado Público sobre representación sindical.

Procedimiento

Los partidos políticos solo se ponen de acuerdo para indultar a banqueros condenados en firme.

El Gobierno prepara desde hace meses un cambio en la normativa bancaria que abre la puerta a que el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, sortee la decisión del Tribunal Supremo de anular parte del indulto que le concedió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero antes de abandonar el poder.

El pasado enero, el Ministerio de Economía sacó a consulta pública el proyecto de la nueva legislación que modificará los requisitos de honorabilidad para ejercer la actividad bancaria y podría permitir que Sáenz permanezca como número dos del Santander pese a su condena por delitos dolosos.

Se trata de un proyecto de real decreto que ha sido redactado conforme a las exigencias de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) y que tendrá que ser adoptado por todos los países de la Unión Europea antes de finales de mayo.

La futura normativa no sólo matiza el requisito de honorabilidad, sino que además, deja sometida la decisión de permitir que ejecutivos como Alfredo Sáenz sigan en su cargo a la discreción del Banco de España.

Sáenz fue condenado en firme por la Sala Penal del Supremo por haber autorizado la presentación de una querella falsa contra unos empresarios cuando presidía Banesto en 1994.

En el último Consejo de Ministros del anterior Gobierno, del que Alfredo Pérez Rubalcaba era vicepresidente, se dejó sin efecto "cualquier impedimento" para ejercer la actividad bancaria que afecte al número dos del banco español.

Reflexión

Increíble pero cierto, con la que esta cayendo en estos momentos sobre la economía y sociedad española y en el único punto donde los dos grandes partidos de la nación se ponen de acuerdo es en rebajar la condiciones de honorabilidad necesarias para poder ser miembro de un consejo de administración de una entidad bancaria.

El sueldo del consejo de Mapfre creció un 20% en 2012.

El ejercicio 2012 fue un año difícil para Mapfre. La aseguradora líder del mercado español vio como sus beneficios se reducían un 31% debido sobre todo a las provisiones por su inversión en Bankia y en diferentes proyectos inmobiliarios. A pesar de este ajuste en las ganancias, la retribución conjunta del consejo de administración creció un 20%.

 

Los 21 miembros del órgano de administración de Mapfre recibieron una compensación conjunta de 11,57 millones de euros en 2012 mientras que en 2011, cuando el consejo tenía un miembro más, la retribución fue de 9,58 millones. Por su parte, los cuatro miembros de la alta dirección de la compañía ganaron en toral 2,07 millones. En 2011, cuando la alta dirección incluía a tres personas, el salario agregado se situó en 1,39 millones, según el informe de gobierno corporativo enviado a la CNMV.

 

 

El ejercicio 2012 fue el primero de Antonio Huertas al frente de la compañía. Huertas, que sustituyó a José Manuel Martínez como presidente de Mapfre, ganó en total 957.240 euros el pasado año, según el informe de retribuciones que forma parte de la documentación que la aseguradora entregará a sus accionistas con motivo de la junta anual. La retribución se compuso de las siguientes partidas: 46.240 euros como miembro del consejo; 498.000 euros de salario fijo; 293.000 euros de retribución variable; y 120.000 euros en concepto de "incentivo variable extraordinario".

 

Huertas y los otros consejeros ejecutivos del grupo cuentan con seguros de vida e invalidez. Además, tienen reconocidos determinados complementos de pensiones para caso de jubilación, exteriorizados a través de un seguro de vida, que en conjunto ascienden a 70.000 euros por prima de seguros de vida riesgo, y a 1,83 millones por primas de seguros de vida-jubilación.

 

Reflexión

 

¿Si los beneficios caen un 31% como puede ser que las retribuciones suban un 20%?

¿En que universidad de economía estudiaron estos individuos?