En noviembre, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los sindicatos para rebajar la cifra estatal de 1.260 a 400. Sin embargo, los gobernantes autonómicos llevan desde finales de 2011 (cuando estalló la polémica en torno a estos representantes sindicales) inmersos en un proceso de reducción más lento, farragoso y desigual.
Según los datos recopilados por EXPANSIÓN, a lo largo del último año y medio las comunidades autónomas han eliminado en conjunto a 3.842 funcionarios que se dedicaban íntegramente a tareas sindicales. Se trata, por lo tanto, de una reducción del 30% respecto a los 12.815 liberados que había en las diecisiete Administraciones autonómicas antes de los ajustes. O, dicho de otra manera, que las comunidades aún mantienen en sus estructuras a 8.973, un número muy superior a los límites que marca el Estatuto Básico del Empleado Público sobre representación sindical.
Procedimiento
Éste indica que los delegados sindicales de una Administración con más de 751 funcionarios tienen derecho, por cabeza, a 40 horas mensuales para proteger los derechos laborales de su colectivo. El procedimiento habitual es que muchos de ellos trasladan a otros compañeros las horas que les corresponderían, de modo que éstos acumulan las suficientes como para dedicar toda su jornada a tareas sindicales. Este sistema hace muy difícil conocer el número exacto de liberados en cada Administración, incluso por los propios sindicatos.
No obstante, esto no significa que todas las comunidades autónomas hayan desatendido sus deberes de ajuste público, destinados principalmente a la reducción del déficit. Por ejemplo, los gobiernos de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y Baleares ya han ajustado el número de liberados a los topes legales, en función del reparto de horas acorde al tamaño de sus respectivas Administraciones.
La comunidad manchega, presidida por María Dolores de Cospedal (PP), fue una de las pioneras en el draconiano recorte de este tipo de representantes cuando, en septiembre de 2011, redujo su número de 785 a 284. Poco después, en febrero de 2012, el Ejecutivo madrileño rebajó en un 70% el número de horas sindicales, lo que causó que la cantidad de liberados pasara de 3.464 a 1.846.
Asimismo, a lo largo del último año la Generalitat Valenciana ha suprimido 263 funcionarios liberados: de los 694 que había antes de los sucesivos ajustes a los 431 que quedarán tras la última decisión al respecto del equipo de Albert Fabra, según informó el pasado 11 de noviembre el diario Las Provincias.
Comunidades como Navarra no han aplicado más recortes porque, tal como señalan a este diario fuentes del Gobierno foral, “el número de liberados [125] ya respetaba el máximo de la ley”.
En Castilla y León, gobernada por el PP, se está llevando a cabo una reducción del 31%, por lo que los 950 liberados se quedarán en 658 cuando culmine el proceso.
Sin recortar
Otros gobiernos regionales, sin embargo, se han quedado cortos en su reducción de liberados. Es el caso, por ejemplo, de Andalucía, Cataluña, Extremadura y Asturias.
El caso más llamativo es el andaluz: de los 3.729 funcionarios liberados que existen en la Junta (según CCOO), solo se prescindirá de 67. Es decir, el 1,8% del total. El recorte también es escaso en Asturias, donde se suprimirán 44 puestos de los 159 vigentes.
Del mismo modo, la Generalitat catalana ha reducido un 30% las horas disponibles para representación. A finales de 2011, había 518 liberados. En el caso de Extremadura, que aglutina a 301 liberados, el recorte de horas sindicales se ha limitado a un 20%.
Reflexión
Sin entrar a discutir la necesidad de la existencia de liberados sindicales para proteger los derechos del grupo de trabajadores más protegido de nuestro país, ¿de verdad era necesario que hubiera 12.815 liberados?
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