Según Asefiget, sólo el 14 millones de contribuyentes, contando únicamente con los trabajadores por cuenta propia y los que trabajan por cuenta ajena en el sector privado, mantienen las necesidades que ha de cubrir el Estado español, con una población de 46 millones de habitantes.
Para la asociación, hay un "exceso" de empleados públicos, cuyas nóminas proceden de esos impuestos, dado que su pagador, el Estado, no genera ingresos, sino que "se limita a recaudar". Además, afirma que resulta "especialmente sangrante" el número de políticos que mantiene el contribuyente, "nada menos que a unos 445.000".
Por ello, desde Asefiget advierten de que, o se produce un cambio de mentalidad, tanto en la clase política como en el resto de la sociedad, o España "entrará en quiebra". "El Estado, como tal, no puede dar amparo económico a nadie, si no es a costa de los impuestos desmesurados que paga ese 30,6% de la población", advierten.
Cuando los poderes de un estado se corrompen hasta un punto en el cual a un estafador se le permite acceder o mantenerse en el poder de cualquier organismo público o privado, y por tanto tomar decisiones que afectan a un conjunto de ciudadanos, se convierte de facto en un estado inviable tanto desde el punto de vista social como económico.
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